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DOS CASOS DE FUSILAMIENTO DE ANTIOQUEÑOS 
 EN LA PROVINCIA DEL CAUCA  EN EL SIGLO XIX 

 Por: Julián Chica Cardona

 “¡Ah, pobre patria! Apenas se conoce. 
Ya no puede llamarse nuestra madre,
 sino nuestra tumba, donde, salvo al ignorante,
 a nadie se ve sonreír; donde no se oyen 
los suspiros, ayes y gemidos que rasgan 
el aire; donde el dolor más violento parece 
un vulgar trastorno. Ya nadie pregunta por quién 
tocan a muerto, y los hombres de bien 
caen antes que la flor de su sombrero, 
muriendo sin enfermar”. 
(Shakespeare, Macbeth, 1994, 50) 

LAS PROVINCIAS UNIDAS EN 1811

 Luego del grito de independencia, la provincia de Cundinamarca redactó su primera constitución (1811), y casi simultáneamente, surgieron otras tantas del resto de las provincias pero en ninguna de ellas se contempla la protección del derecho a la vida. Entre tanto, los realistas continuaban fusilando patriotas en El Socorro, Pore, Pasto, Cúcuta, Uracoa, Pamplona, Caura, Tariba, Tumaco, Guachicono y Timbío, entre otras, según consta en el Archivo General de la Nación (1810-1821). Esta execrable herencia de los súbditos de la corona, penetró tan hondamente en el pueblo raso, que, cuando Antonio Nariño fue derrotado por los realistas en la ciudad de Pasto (1814), y tomado preso, los enardecidos pastusos pedían con frenesí su cabeza. Y la aplicación de la pena capital en ese entonces hizo transición a la aplicación de justicia de las provincias. Así, el pueblo de Pasto que reclamaba a gritos la pena de muerte contra el Precursor de los Derechos de ellos mismos, y uno de sus más notables connacionales, lo que le exigían a sus captores era ejecución del reo en la plaza pública. 

 RECONQUISTA ESPAÑOLA 1816-1821

 Luego vino el “régimen del terror” implantado por Morillo, con el “sitio de Cartagena”, a partir de agosto de 1815, que concluyó en diciembre con el fusilamiento de nueve líderes de la ciudad (1816). A partir de entonces, fueron habilitados los patíbulos de la mayoría de las provincias. El Archivo General de la Nación da cuenta de 482 fusilamientos sumarios (héroes y heroínas), españoles y criollos. La época en que en las plazas públicas del Virreinato, no se tuvo miramientos con españolas peninsulares ni con las criollas como Policarpa Salavarrieta (21 años), para fusilarlas, caso éste en el que fueron ejecutados, su compañero sentimental, Alejandro Sabaraín, seis soldados y un desertor, el 14 de noviembre de 1817. (A.G.N, 1810 - 1821). 

 FUSILAMIENTOS EN LA CAMPAÑA LIBERTADORA 1817 – 1821 

 ¡Porqué, lo más terrible de las guerras y Revoluciones, es que mata todo amor a la verdad y 
vuelve estúpidos a los vencedores y rencorosos a los vencidos! 
Lo más terrible que le puede suceder a un Estado, es que su Jefe Supremo le pueda dar 
órdenes a los Tribunales de Justicia
 (Julio Barreiro Rivas,Caracas). 

 EJECUCIÓN DEL GENERAL PIAR


Siquiendo el ejemplo de los españoles, los patriotas continuaron fusilando a sus connacionales de la causa, como aconteció con el general Manuel Carlos Francisco María Francisco Piar, en la Plaza de Angostura, en el mismo año del fusilamiento de Policarpa por los españoles (1817). No obstante las sucesivas victorias contra los realistas, al general Piar lo perseguía la sombra de su bastardía, que lo relacionaba con la oligarquía, por ser el supuesto hijo de la prima de Simón Bolívar, luego de una aventura amorosa con el primogénito y heredero de la Corona de Portugal, a su paso por Caracas, en l777. Y se le señalaba de mulato, y por su estrecha amistad con Francisco de Miranda, y Alejandro Petión (presidente de Haití), se granjeó odios y venganzas de los más cercanos al Libertador Bolívar que dieron lugar a su condena a muerte.

 Según carta del Ministro de Guerra de España, el Generalísimo Pablo Morillo, Jefe de los Ejércitos del Rey en 1817:

 “Piar, que es mulato y el de más importancia entre las castas, tiene relaciones muy estrechas con Alejandro Petión, mulato rebelde que se titula Presidente de Haití y que ambos proponen formar un establecimiento en Guayana que asegure su dominación en América, donde es de presumir quieran renovar las escenas del Guárico y demás posesiones de Santo Domingo”, (refiriéndose a la matanza de los blancos. (Rodríguez, 1910, tomo I).

 Otro de sus potenciales padres pudo ser Juan Vicente Bolívar y Ponte (padre de Bolívar), en cuyo caso, ambos resultarían hermanastros, a lo que el historiador Herrera Luque, hace clara referencia:

 "Existía una ambivalencia afectiva, fenómeno que se presenta con alguna frecuencia entre los hijos legítimos y bastardos de un mismo padre. Los hijos legítimos suelen menospreciar a los hijos naturales y éstos odian a los legítimos. ". (Herrera, 1987, pp. 267). 

 De ahí el posterior arrepentimiento del Libertador, según consta en el Decreto de Muerte dictado a sus soldados el 17 de Octubre de 1817, que no tiene otra explicación que la quiebra del tabú contra el fratricidio. La famosa frase, pronunciada por Bolívar, es elocuente: "He derramado mi sangre". (HERNÁNDEZ, Caracas, 2005).

 Al frente de este luctuoso caso estuvo su tío político, el general Soublette Jerez, quien no creyó necesaria la presencia del reo en el proceso, y negándole así el derecho a la defensa, de ahí que el 15 de octubre de 1.817, siendo las 11: 00 a.m., y a sólo 11 días de haber sido detenido, se dio por terminado su proceso que condenó a la pena de muerte el General Piar, tal y como fue notificado al Jefe Supremo Libertador Simón Bolívar.

 CARTAGO, 1819

 En el año de 1819, los pequeños destacamentos de patriotas acantonados en el resto de las poblaciones hicieron lo propio como es el caso del fusilamiento de los soldados españoles en Cartago, que no obstante haberse rendido luego del combate de San Juanito, los condujeron a los escaños de la Plaza de armas, allí los ataron y acto seguido los fusilaron en el mes de octubre de 1819. (Cardona, Blog, 2011). 

 LA GRAN COLOMBIA 

 Durante este período (1821 – 1830), el caso más sonado de aplicación de la pena de muerte tiene que ver con la Conspiración Septembrina, en la que Bolívar hubiera podido indultar a los comprometidos (haciendo caso omiso a la idea de Urdaneta de fusilarlos). Con ello se hubiera evitado la sublevación de los coroneles José Hilario López, y José Ma. Obando, y el posterior levantamiento del héroe de Ayacucho, José Ma. Córdova, quienes lo único que solicitaban, era el restablecimiento de las garantías constitucionales aprobadas en la Convención de Cúcuta, disueltas por decreto por el mismo Libertador. Pero Urdaneta se opuso al indulto porque había llegado el momento de deshacerse de Santander y Padilla, y más adelante de Córdova, acusados del más grave delito, que era la causa política. 

 FUSILAMIENTO DEL ALMIRANTE PADILLA


Nadie simboliza mejor que el Almirante José Prudencio Padilla este proceso de ascensión en la guerra y frustración en la paz, que se inscribe en la lucha de los afrodescendientes por la plena igualdad de sus derechos y su identidad étnica. Seis meses después de su captura (marzo de 1828) y puesto en prisión en Bogotá, llegó la noche septembrina, y varios conspiradores entraron a la celda de Padilla, mataron al guardia, le entregaron su espada y huyeron con él, pero fracasada la conspiración se entregó voluntariamente siendo juzgado y sentenciado a muerte con otros trece conspiradores, por una situación que él no había planeado. 

 Al momento de juzgarlo, ni siquiera fue tenido en cuenta el hecho de que él y muchos otros de su misma condición étnica tuvieron un papel preponderante en la Declaración de Independencia de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811. Dos banquillos levantados en la Plaza Mayor de Bogotá frente al Capitolio Nacional sirvieron para la ejecución del primer grupo sentenciado a muerte, Galindo, Silva, López, Horment, y Zulaibar, quienes murieron de inmediato, y allí permanecieron hasta el atardecer. Al día siguiente (2 de octubre de 1828), Padilla fue despojado de sus insignias militares y fusilado junto con el coronel Guerra (Herrera, Blog, 2008). 

 Pero Padilla no murió en el acto por lo que debieron rematarlo a balazos, y luego fue colgado de la horca y expuesto hasta el anochecer, mientras que al supuesto jefe de la conspiración, Francisco de Paula Santander, le fue conmutada la pena de muerte por exilio (Biblioteca Nacional, 1942, pp. 13.15, 249), (Helg, pp. 9-11).

 Dos años después del fusilamiento del Almirante José Prudencio Padilla en Bogotá, la Gran Colombia se hallaba disuelta en manos de Urdaneta, su último mandatario y enterrador (1830). Tras la renuncia a la presidencia del general Bolívar ante el Congreso Admirable y la indecisión del Presidente Joaquín Mosquera para aplicar mano dura contra los hostigadores, instó al general Jiménez a constituir el batallón “Granaderos del Callao”, compuesto por 900 venezolanos y demás combatientes de otras nacionalidades. El mismo José Florencio Jiménez, que bajo las órdenes del general irlandés Daniel Florencio O’Leary, tuvo la ingrata misión de atacar a José María Córdova en Santuario, Antioquia, cuando resultó sableado por el soldado irlandés Ruperto Hand mientras yacía herido en su lecho de campaña, el 17 de octubre de 1829. (Cruz, 2007). 

Conocedor el gobierno de la insubordinación, el vicepresidente Domingo Caicedo ordenó que se disolviera dicho batallón, pero luego de que Jiménez lo desacatara, aquél le envía un ejército de 5.000 hombres para someterlo quienes son desbaratados por Flórez quien obliga a Mosquera a firmar la capitulación (4 de septiembre de 1830), en favor de Urdaneta como nuevo presidente de la Gran Colombia, y nombraba de inmediato al insurrecto como General de Brigada. Este año coincide con el asesinato del Mariscal Sucre en las montañas de Berruecos (y quien sería el sucesor de Bolívar), además de la muerte del Libertador .

 LA NUEVA GRANADA, Y LA GUERRA DE LOS SUPREMOS 

 Convocados los representantes de las provincias en una Convención Nacional, sancionaron la nueva Constitución que creaba la República de la Nueva Granada, el 29 de febrero de 1832, hasta el año de 1839, cuando el país se encontraba distribuido en 16 provincias, cada una de las cuales contaba con uno o dos cantones, que a su vez se subdividían en distritos parroquiales, y éstos en aldeas. Pero en mayo de 1839, la orden de supresión de los Conventos Menores, emanada del ejecutivo, José Ignacio de Márquez, por no contar con un mínimo de ocho religiosos, dio lugar al levantamiento que en Pasto lideró el padre Francisco de la Villota y Barrera, lo que el general José María Obando, contendor de Márquez en las recientes elecciones presidenciales y mal perdedor político, aprovechó para declararse Supremo Director de la Guerra con el apoyo de las guerrillas del Patía, logrando con ello su propósito de desestabilizar el país en una confrontación bélica que se recorrería el país por el lapso de tres años. 

 El carácter religioso de la rebelión fue la excusa perfecta para que los caudillos liberales regionales se lanzaran a la guerra incentivados por la idea de ampliar su poder territorial en rechazo al centralismo y ver realizadas sus ambiciones y venganzas personales, lo que pronto se expandió por todo el territorio incluyendo un conflicto fronterizo con Ecuador porque de allí dependía jurisdiccionalmente el clero del sur de la república. Desde un comienzo (1839), la rebelión fue combatida militarmente por los destacamentos de Pedro Alcántara, al que se sumó Tomás Cipriano de Mosquera en 1840 con su propio ejército. 

 El general Obando los superaba en número por lo que a mediados de 1840 acudieron en busca de refuerzos ante el gobierno de Ecuador, donde el presidente Juan José Flórez, accedió a ayudarles a cambio de las plazas de Túquerres y de Tumaco, cosa que los granadinos aceptaron. Este pésimo negocio fue el argumento para que los santanderistas que habían perdido a su líder natural (Bogotá, 6 de mayo de 1840), se levantaran en el resto de las provincias, donde cada uno de los comandantes militares se hizo llamar Jefe Supremo. De allí el nombre de: “Guerra de los Supremos”, o “de los Conventillos”, el primer conflicto interno que se produjo en la Colombia independiente durante el gobierno de la Nueva Granada. 

 El primero de los jefes regionales que adhirió a la guerra de los Supremos fue el señor Manuel González (gobernador de El Socorro), quien marchó hasta la capital de la república al mando de 2.500 hombres, pero al ser enfrentado por el general Juan José Neira, fue puesto en fuga no sin antes haber herido de muerte a a aquél quien fallece en Bogotá el 7 de enero de 1841 a raíz de las heridas recibidas en combate. De las 19 provincias de la Nueva Granada, sólo Bogotá, Neiva, Chocó y Buenaventura apoyaban al gobierno central en contra del levantamiento. (Presidencia, 2005). 

 Obando, ya había sometido las guarniciones cercanas a Timbío, y se dirigió al Patía, convocó a los pastusos, sitió Popayán y se tomó a Cali. Le secundaron los demás jefes militares en el resto de las provincias, entre ellos el Coronel Salvador Córdoba (gobernador de Antioquia), y hermano menor del héroe nacional José María Córdoba, quien en una meteórica carrera había ascendido de teniente, en 1821, a coronel efectivo en 1829, y recibido las condecoraciones: Escudo del Magdalena, y las medallas de Junín y de Ayacucho. 

 Informado el Gobierno sobre los hechos, procedió a enviar al Coronel Joaquín Posada desde Ibagué con una columna de 800 hombres, quien ocupó a Cartago el 18 de marzo de 1841, por lo que Obando le pidió auxilio al Coronel Córdoba, quien luego de dejar encargado al Coronel José María Vezga en el gobierno de Antioquia, marchó en su apoyo de inmediato, con la siguiente proclama: 

 “Caucanos: Yo marcho hacia esas provincias con quinientos soldados resueltos a triunfar o perecer conmigo en la demanda. El coronel Borrero pregunta: ¿qué hará Antioquia cuando el Cauca sea del Ecuador?... Me anticipo a contestar, porque mi respuesta puede ser fecunda en buenos resultados. La provincia de Antioquia, siempre granadina, jamás mendigará un amo en países extranjeros...". (Gutiérrez, Cartago, II). 

 En la tarde del 22 de abril, Córdoba emprendió marcha hacia el Sur, y se alojó en una casa en el sitio Pedro Sánchez o El Naranjo, y a la media noche fueron hechos prisioneros por el Capitán Juan N. Pinto y devueltos a Cartago donde los alcanzó Bibiano Robledo con el reducido grupo que éste comandaba. El 1º de junio se ordenó conducir los presos hacia Bogotá, pero ya en Ibagué fueron devueltos para Cartago por órdenes de Mosquera para fusilarlos.

 DOS CASOS DE FUSILAMIENTO DE ANTIOQUEÑOS EN LA PROVINCIA DEL CAUCA SALVADOR CÓRDOBA Y DEMÁS COMPAÑEROS, EN CARTAGO



¡Porqué, lo más terrible de las guerras y Revoluciones, es que mata todo amor a la verdad y vuelve estúpidos a los vencedores y rencorosos a los vencidos!, lo único cierto, es que todo conflicto bélico terminaría si los muertos pudieran regresar. Lo más terrible que le puede suceder a un Estado, es que su Jefe Supremo le pueda dar órdenes a los Tribunales de Justicia. (Julio Barreiro Rivas) 

 En la tarde del 7 de junio de 1841 llegaron los detenidos nuevamente a Cartago, y el día 8, junto con su cuñado Manuel Antonio Jaramillo; su secretario Manuel Camacho (ex-constituyente de la Provincia de Cundinamarca); el Sargento Mayor Bibiano Robledo; el Capitán José Hilario Ayala, el Coronel Juan de la Cruz González, y el Teniente José Antonio Castrillón (que salvo Camacho, todos eran antioqueños), sentados en un escaño en el costado sur de la plaza de Cartago, los siete militares fueron pasados por las armas frente a la casa que ocupaba el General. (Zuluaga, 2001, 268). 

 Cuando Córdoba y sus compañeros fueron fusilados, eran los tiempos de la primera oleada de la colonización antioqueña, y este episodio disuadió a don Fermín López de continuar avecindado en Cartago adonde había llegado desde Marinilla. 

 “El espectáculo de los fusilamientos tuvo lugar en la plaza del Carmen, el 8 de junio de 1841 hasta donde fueron llevados los enemigos del gobierno en medio de un fúnebre desfile. La ejecución de estos hombres fue ordenada por Mosquera y repugnó a la conciencia de Fermín López y los suyos…” (Gómez, 1994, 41, 42). 

 Según se sabe, la primera descarga del pelotón de fusilamiento acabó con las vidas de seis de los condenados (entre ellos el Coronel Córdoba), no lográndolo en el joven sub-oficial antioqueño Sargento Mayor Bibiano Robledo, por lo que el oficial al mando ordenó que dispararan nuevamente, haciendo caso omiso a las súplicas desesperadas de las gentes que imploraban su perdón. 

 EJECUCIÓN DE DAVID LÓPEZ EN PEREIRA.




En los primeros días de diciembre de 1888, Joaquín Noreña, propietario de una tienda de abarrotes en Cartago, y en momentos en que terminaba de contar una importante suma de dinero a la vista de los transeúntes, entró David López, con quien se conocía desde Salamina, por lo que no tuvo prevención alguna. El comerciante introdujo su dinero en una talega y como el recién llegado creyó qué estaba liquidando su negocio, el otro le aclaró que sólo estaba haciendo el inventario para irse a Roldanillo a “rematar” los saldos de la mercancía restante. (Sánchez, 2002, 88). 

 El día cinco de diciembre, muy temprano, López arrimó al establecimiento y Noreña aún no estaba listo porque mejor iba a esperar al funcionario de correos, que venía de Bogotá, para ir con él. En la tarde, López regresó acompañado de Baudilio Sánchez, conocido igualmente de Noreña, para disuadirlo de realizar el viaje con extraños ya que ellos dos eran suficientes para ir con él. (Sánchez, 2002, 88). El seis de diciembre, cuando el peón de carga, señor Ricardo Torres, amarró las mercancías sobre los caballos, los auto-convidados se sumaron a la comitiva. A la salida de Cartago, Noreña alcanzó a Baudilio, compañero de David López, quien se había devuelto, supuestamente en busca de una cantimplora de aguardiente que se le había quedado en la cantina (Sánchez, 2002, 89). 

 En Caracolí, alcanzaron a David López y después Ricardo Torres, que en ese momento se ocupaba de acomodar la carga. Al llegar a Zaragoza, los auto-convidados se empeñaron en buscar a un tal Antonio Rojas, que se había venido el día antes sin que supiera don Joaquín, y lo encontraron muy borracho. Más adelante, cuando Ricardo Torres se quedó atrás de la comitiva, y López, se había ganado su confianza con los aguardientes y la charla, aprovechó el primer descuido del peón para decapitarlo de un tajo con el filo de su machete. Cometido el hecho, López corrió aterrorizado, con peinilla en mano y su ropa ensangrentada, y alcanzó a Noreña para contarle que acababan de ser atacados por una cuadrilla de negros, y que le habían mochado la cabeza al señor Torres. (Sánchez, 2002, 90). Pero no había tales asaltantes como lo constataron unas lavanderas que por allí pasaban y vieron solamente a David López y a Baudilio Sánchez. 

 El pasero del río de La Vieja, Julio Rivera, estaba jugando cartas con Joaquín Varela, escuchó cuando Sánchez, pasaba a pie por el camino de Pereira, y lo alcanzó López que venía a caballo quien le había dicho:  

“Temo mucho que las mujeres esas que nos vieron en la quebrada pongan el denuncio y nos sindiquen. Y no vas a decirle a nadie que nosotros fuimos porque nos fusilan”. (El Diario, 1940, pp. 5).  

Ambos esperaron a que Sánchez se quedara solo para ponerlo preso, y devolverse con él para Cartago. El alcalde, su secretario y 25 hombres armados, salieron acompañados de David López para reconocer al occiso, y mientras el Prefecto Benjamín Lucio ensillaba su caballo para alcanzar la comisión, llegó el pasero del río con Sánchez amarrado de las manos quien terminó por confesar el crimen, mientras que López trataba de explicarles que la sangre de las manos y el machete eran de uno de los asaltantes que había alcanzado a herir. 

 Por su parte, don Joaquín Noreña era conducido a los despachos de justicia para que rindiera indagatoria de los hechos. Perfeccionada la investigación y de manera rápida, el Tribunal de Buga condenó al autor material del crimen a la pena capital mientras que Baudilio Sánchez, cómplice y auxiliador del delito fue condenado de diez años de presidio en el panóptico de Buga. Sin embargo, la ejecución de David López se debería cumplir en la plaza de Pereira para que “sirviera de escarnio a los antioqueños”, y en efecto, el 14 de julio de 1890, a las diez de la mañana, en la acera oriental de la casa consistorial, entre el portón de la casa de la familia Hormaza y la oficina de reclamos de la energía eléctrica se acomodó el banquillo donde sentarían a David López. 

 Bajó las escalas de la cárcel apoyado del brazo del padre Parra y después que subió los escalones del banquillo, se dirigió a los soldados y les dijo: “Acérquense cuatro pasos más y no vayan a pegar en la cara. Aquí es donde me deben dar” -señalándose al corazón. El jefe del pelotón se acercó para vendarle los ojos, pero éste no lo permitió, y a instancias del padre Parra se abstuvo de hacerlo. La descarga retumbó en la plaza y una de las balas le partió el dedo meñique de la mano derecha que tenía puesta sobre el pecho. 

 Con la cabeza desgonzada sobre el hombro izquierdo, tal como quedó en la foto de la época, el cadáver permaneció allí varias horas. El sol de la tarde daba de lleno sobre la humanidad sin vida del ejecutado, y cubierto de moscas para “escarnio de la raza antioqueña”, como fue la voluntad del Tribunal de Buga. 

Cuando el cuerpo fue retirado del banquillo, un grupo de voluntarios lo trasladaron hasta la casa de doña María de Jesús Correa de Robledo, ubicada en la carrera 8ª con calle 18, quien piadosamente la ofreció para el velatorio (Sánchez, 2002, 98). El Tribunal de Justicia prefirió acogerse al silencio de la Constitución promulgada cuatro años atrás (1886) con respecto a la abolición de la pena de muerte ya establecida por la Constitución de los Estados Unidos de Colombia (1863). 

 Como norma, no pudo haber prevalecido el prurito de escarmentar a los antioqueños con un fallo que los satanizara de esa forma y que no obstante se iban diseminando por la geografía interandina. 

 Esto evidencia cuan profundamente escindida estaba la administración de justicia con respecto a sus vecinos, los antioqueños, por motivos de territorio, creencias políticas y religiosas y demás diferencias culturales. Fue esta una oportunidad para enviarle un mensaje a la gran mayoría de familias antioqueñas, humildes y laboriosas, que traían consigo no sólo herramienta y semilla sino un valor agregado para la recuperación de las tierras incultas de la región andina que no obstante esta oleada humana fue imposible contenerla. 

ENTREVISTA CON LA VIUDA, 50 AÑOS DESPUÉS

 Del relato periodístico obtenido por el vespertino El Diario de Pereira, edición del día 15 de julio de 1940, cuando las gentes pereiranas daban cuenta de los cincuenta años de la ejecución de David López, y la señora Rosario Marulanda (viuda de David López), accedió a conceder una entrevista en el seno de su casa, ubicada en la carrera 8ª con calles 11 y 12, queda lo siguiente: 

“No había cumplido aún los 14 años cuando el padre Parra, cura de almas de esta parroquia unió por medio del matrimonio mi vida y mi muerte a la de David López. Aquello ocurrió en la mañana del 12 de noviembre de 1888. Ese mismo día, en compañía de mi esposo me fui para Pescador, hoy Bolívar en el departamento del Valle, a la finca de unos parientes de mi marido. “Yo era una niña inexperta y desde que salí de Pereira no hacía otra cosa que llorar día y noche. Me consideraba tan sola, lejos de mi familia, que David no encontró otro remedio que traerme nuevamente para Pereira”. 

 “Al día siguiente de mi llegada, mi esposo me dijo que él tenía que volverse para el Cauca, y que regresaba pronto después de que en Cartago hubiera celebrado cierto negocio muy importante para él. Nos despedimos en la mañana del 2 de diciembre de 1888, veinte días después de nuestro matrimonio”. Al otro día, por la mañana, se supo aquí en Pereira que David López y otro compañero habían asaltado un correo más allá de Cartago, matando al correista y que se los habían llevado para la cárcel de Buga. Desde entonces, nunca más volví a ver a mi esposo (…) mi luna de miel fue muy corta, muy amarga y muy triste”. (EL DIARIO, 1940, pp. 7). 

 LA PRÁCTICA PATIBULARIA 

 La práctica patibularia a lo largo de la historia de Colombia ha sido inherente al proceso de formación del Estado Nación que hoy tenemos. Excepción hecha de la Constitución liberal de 1863, las demás Cartas políticas que fueron refrendadas y expedidas en el país durante el siglo XIX (1821, 1830, 1843, 1853, 1858 y 1886), junto con sus códigos penales nacionales de 1837 y 1890 (e incluso el Código Penal del Estado de Cundinamarca expedido en 1858), desconocieron esa norma superior de la protección del derecho fundamental a la vida humana. (Hernández, 2007, 6). 

 Sin embargo, después de los hechos vienen los actos de contrición, y para atenuar los efectos del fusilamiento del coronel Córdoba y su plana de oficiales en 1841, el Congreso expidió al año siguiente una ley aclarando que no se considerarían delitos aquellos cometidos por militares durante la guerra, que resultaron tan costosas para los principales dirigentes que a continuación se relacionan: 


  1. Córdoba, tendido en su lecho a manos de un enfermero que lo atendía de sus heridas graves y en total indefensión murió asesinado a manos del irlandés Ruperto Hand, en circunstancias históricas que se han tratado de mantener a oscuras. 
  2. En 1841 los conservadores, confiando en que la represión sería el mejor camino para lograr la paz, aplicaron la pena de muerte con alguna amplitud: Tomás Cipriano de Mosquera hizo fusilar en Cartago, sin fórmula de juicio, a los principales dirigentes, los ex gobernadores Salvador Córdoba y Manuel Antonio Jaramillo, y otros cinco distinguidos ciudadanos antioqueños. 
  3. En Medellín se fusiló al también ex gobernador (de facto) José María Vezga junto con otros revolucionarios. 
  4. Pero los defensores de la ley en 1841 fueron los revolucionarios de 1851, y uno de ellos, José María Gómez Hoyos, hizo también fusilar a una familia de Sopetrán que defendía al régimen legal, pero murió después cuando iba a ser capturado. 
  5. Otros gobernadores morirían en los años siguientes: Justo Pabón, abaleado por uno de los famosos Alzates (hijos de Simona Duque), que apoyaron la rebelión de Melo en 1854. 
  6. Y en 1861 moriría Rafael María Giraldo, conservador, en una batalla contra las fuerzas de Mosquera. No era un empleo tranquilo la gobernación del departamento. (Melo, 1829, 1851) 

 Pero la discusión ideológica entre los legisladores en torno a la abolición de la pena de muerte, siempre se mantuvo en los tonos más altos, tanto en el siglo XIX como el XX. En 1849, cuando fue abolida la pena capital para los delitos políticos de: rebelión, sedición, traición y conspiración; para los delitos comunes de: parricidio, asesinato, envenenamiento, piratería y cuadrilla de malhechores, sólo pudo conseguirse con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, aunque ya el Estado Soberano de Santander desde su Constitución de 1857, lo había consagrado como norma superior: “el principio de la inviolabilidad de la vida humana” como un derecho que el Estado estaba obligado a reconocer a sus ciudadanos. (Hernández, 2007, 5). (Título II, art. 3º). 


 De ahí que, si el Honorable Tribunal de Buga, en su gran sabiduría, conoció el caso, constituyó la prueba y encontró culpables a López y a Sánchez, y sentenció a la pena capital al primero y a diez años de presidio al segundo, por un delito que en 1890 se denunció en Cartago cuyas autoridades asumieron de inmediato la instrucción del mismo, y que no se cometió en Pereira sino en Zaragoza, ¿por qué decide que dicha ejecución sumaria se lleve a cabo en la plaza de Pereira? ¿Existirían razones técnicas en la humanidad del Tribunal de Buga para dejar consignado en la sentencia que dicho fallo era “para que sirviera de escarnio a los antioqueños”, cuando, tanto la víctima como el ofendido y los perpetradores eran salamineños? Tendría más sentido si tanto la víctima como el ofendido hubieran sido caucanos, y los asesinos antioqueños, pero no, todos eran del sur de Antioquia aunque habitaban en Pereira, un humilde poblado en el que recaería la abominación histórica de haber pasado por las armas a un salamineño. Una infausta lección para una avanzada de connacionales que por querer huir de la pobreza y en busca de un rancho y un futuro para sus familias, fueran igualmente motivo de escarnio para los caucanos. 

 FUENTES CONSULTADAS 

• SHAKESPEARE, William. “Tragedias, Macbeth”, RBA Editores, Barcelona, 1994 (edición cedida por Editorial Planeta S.A.). 
• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. “Listado de ejecutados por la corona española en las guerras de independencia Grancolombiana”, Bogotá, 1810 – 1821. 
• BARREIRO RIVAS, Julio. “Héroes de Venezuela”, General Manuel Piar, parte XVI. 
• BIBLIOTECA NACIONAL. “Documentos sobre el proceso de la conspiración del 25 de Septiembre de 1828”, Originales del Fondo Pineda y del Archivo Histórico, ed. Enrique Ortega Ricaurte, Bogotá: Prensa de la Biblioteca Nacional, 1942, pp. 13-15, 249. 
 • CAMARGO PÉREZ, Gabriel: Salvador Córdova, prócer de la república, 1801-1841, Inédito. 
• COLOMBIA ES UN TEMA. Bogotá, (Publicado en Historia de Antioquia, Medellín, 1987 y 1988). 
• CARDONA TOBÓN, Alfredo. Blog “Historia y región. El sacerdote Remigio Antonio Cañarte y los escaños de Cartago”, http://historiayregion.blogspot.com”, miércoles 5 de octubre de 2011. 
• HERNÁNDEZ MONTOYA, Roberto. "Proceso del General Manuel Piar", Parte final, Biblioteca Electrónica Caracas Venezuela, 2000 – 2005. 
• HERRERA LUQUE, Francisco. “Manuel Piar, Caudillo de dos colores”, Edit. Pomaire Venezuela S.A., Caracas, 1987, pp. 269. 
• CONDE CALDERÓN, Jorge. “El General José Padilla: Entre el heroísmo naval y la acción política”, Cuadernos expedición Padilla, Universidad del Atlántico, pp. 21, 28, 2010.
 • CONSTITUCIÓN POLÍTICA del Estado Soberano de Santander, Bucaramanga, 1857, A.G.N. 
• CORDOVEZ MOURE, José María. “Reminiscencias Santa Fe y Bogotá”. Bogotá, Editorial Kelly, 1945, vol. IX. 
• CHICA CARDONA, Julián, “Un valle lacustre llamado Dos-Quebradas”, Manigraf, Manizales, 2007, 380 pág. 
• GÓMEZ VALDERRAMA, Francisco. “Santa Rosa de Cabal – Historia y Futuro” (1844 - 1994), Editorial Papiro, Pereira, 1994. 
• GUERRA DE LOS SUPREMOS “El valle en los primeros años de la República”, http://www.valleonline.org 
• GUTIÉRREZ, Rufino “Monografías de Rufino Gutiérrez”, Tomo II, 1854 – 1923, Cartago, parte II. 
• HERNÁNDEZ VELASCO, Héctor Elías. La pena de muerte en Colombia, 1821-1910, Sic Editorial Ltda., Bucaramanga, 2007 
• EL DIARIO, Pereira, julio 15 de 1940, “Ayer hizo medio siglo”, pp. 5. 
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 • ZULUAGA, Francisco Uriel. “Las guerras civiles en el siglo XIX”, en: Historia, geografía y cultura del Cauca. Territorios posibles. T II, (Comp. Guido Barona B. y Cristóbal Gnecco Valencia), Universidad del Cauca, Popayán, 2001, p. 268.

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